La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirma sin rodeos que 'los costes de contaminar los tienen que pagar tanto las empresas como los ciudadanos. La internalización de los costes medioambientales debe ser un componente del conjunto de la economía, para afrontar el gran desafío del modelo económico actual, que no es otro que fomentar tecnologías más eficientes'.

El mensaje de Narbona llega en pleno debate empresarial sobre el Plan Nacional de Asignación (PNA) de Emisiones, uno de los mecanismos previstos para cumplir el Protocolo de Kioto. Este acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático pondrá en marcha un mercado de emisiones en 2005 en la Unión Europea, a unos precios que Narbona estima 'entre 5 y 15 euros'.

Debate eléctrico

El sector eléctrico es el más afectado por el comercio de emisiones. ¿Habrá repercusión sobre la tarifa eléctrica? 'Es pronto para determinarlo', apunta Narbona. 'En algunos casos, las empresas pueden repercutir ciertos costes sobre los usuarios. Entonces, el consumidor tendrá una señal de los costes ambientales en términos de precio', apunta Narbona.

El debate sobre la energía nuclear también gira por necesidad en torno a Kioto. El PSOE quiere abordar un plan progresivo para abandonar la nuclear. Narbona recuerda que esta fuente 'no genera dióxido de carbono, pero sí residuos radiactivos que generan un grave problema ambiental y de seguridad para su gestión y almacenamiento'.

La ministra añade que el abandono de la nuclear 'es una opción política que, más allá del compromiso de Zapatero, compete a Industria y Energía'. Pero no duda en dejar en el aire un posible replanteamiento de los planes para el cierre de nucleares si se registran avances tecnológicos que resuelvan los problemas de los residuos radiactivos. 'Si la tecnología avanza para almacenar y gestionar los residuos, no se descarta nada y puede cambiar nuestro planteamiento', afirma Narbona. 'Sólo se pueden juzgar las cosas por el conocimiento actual que tenemos de esta energía'.

Además, según la ministra, 'el carbón nacional tiene un escenario que es el mismo que si no existiera el Protocolo de Kioto. Por razones no medioambientales, hay un componente a la baja del carbón nacional para los próximos años'. Narbona añade que 'hay que trabajar en fortalecer el gas natural como el gran combustible fósil de transición en este siglo. Tenemos un problema de dependencia energética del exterior y de necesidad de diversificación'.

El Gobierno presentó el 21 de junio el primer borrador del PNA, que reparte 161,2 millones de toneladas de dióxido de carbono al año entre 2005 y 2007, entre los sectores eléctrico, cementero, siderúrgico, refino, cerámico y papelero.

Antes del 1 de agosto, España debe enviar el plan definitivo a Bruselas. 'Mañana (por hoy) se podrá saber con qué criterios se realiza la asignación por instalaciones. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos tratará el borrador del plan, que incluirá la lista de instalaciones afectadas y los criterios para el reparto. No puedo asegurar que esté el borrador completo, ni adelantar si se basará en emisiones históricas o proyecciones. Por delante habrá un mes de trabajo hasta que el Consejo de Ministros apruebe antes del 31 de julio el decreto con el plan'.

Pese a las quejas de algunos sectores y empresas, Narbona cree que 'el avance del plan ha tenido un efecto bastante asumible que se ha reflejado en términos de mercado. Hay que hacer las cosas para dar serenidad a la bolsa'.

En el ámbito empresarial, Narbona apuesta por 'apoyar la investigación y el desarrollo (I+D) en España, en tecnologías del agua, renovables y eficiencia energética'.

Según la ministra, 'el gasto en eficiencia energética ha dejado de existir en los últimos años. En 1996, el PSOE tenía un programa de gestión de la demanda, con un presupuesto de 5.000 millones de las antiguas pesetas (30 millones de euros). En cambio, el presupuesto del Idae (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) –22 millones de euros– era menor en la pasada legislatura que el de la campaña de publicidad e imagen del Ministerio de Medio Ambiente –28 millones–'. Narbona anuncia 'la revisión del último decreto sobre renovables (aprobado en marzo) y de la Estrategia Española de Eficiencia Energética'.

Transporte

La agenda de Medio Ambiente incluye medidas sobre el transporte y el sector residencial, con efecto directo sobre el ciudadano. 'Mientras no fortalezcamos las opciones de transporte público, no habrá una solución real', señala Narbona. El Ministerio revisará el Código Técnico de Edificación para imponer medidas para una construcción más sostenible. 'Con la ola de calor del verano, el consumo energético exige más atención por los ciudadanos para evitar tensiones de la demanda y apagones'.

Doble perfil económico y ecológico

Pese a su pragmático discurso medioambientalista, la ministra no pierde de vista la racionalidad económica en su visión de la nueva política verde del Gobierno. 'Mi buena relación con Solbes (ministro de Economía) viene porque, para mí, la racionalidad económica es tan importante como la racionalidad ecológica'. Nacida en Madrid en 1951, Cristina Narbona pasó parte de su infancia y juventud (hasta 1975) en Roma, ciudad en la que su padre estaba destinado y en cuya Universidad se doctoró en Ciencias Económicas. Afable, presumida y habladora, su primer cargo político lo desempeñó como viceconsejera de Economía de la Junta de Andalucía. En mayo de 1991 fue nombrada directora general para la Vivienda y Arquitectura , puesto que abandonó en 1993 para ser secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. Entre 1999 y 2003 fue concejala en el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid por el PSOE.

'Bruselas cree que Rusia apoyará Kioto; pero EEUU depende de las elecciones'

El Protocolo de Kioto, que tiene el apoyo de la Unión Europea, necesita la ratificación de Rusia o Estados Unidos para que sus objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero sean obligatorios. 'Por nuestros contactos con la Dirección de Medio Ambiente de Bruselas esta misma semana, la Comisión Europea confía en la ratificación de Rusia y la posición de Estados Unidos va a depender mucho de lo que pase en las elecciones de noviembre. La UE ha preferido jugar un papel de estímulo de Kioto', afirma Cristina Narbona. España tiene difícil ajustarse a su objetivo de Kioto: limitar a un 15% el incremento de emisiones en 2010, frente a 1990.

En 2003, el aumento ya era del 40%. Narbona culpa al Gobierno del PP. 'Lo que se hizo mal fue ratificar el Protocolo y no hacer nada después. No hubo voluntad política. El PP se pasó siete años sin adoptar ninguna medida. Para la Comisión Europea, el hecho de que un país muy intensivo en energía y con voluntad de crecimiento económico no haga nada es un escándalo'.

'En España no es aceptable el agua gratis para todos'

Narbona, que asegura que no subirá el precio del agua, espera 'obtener financiación de la Unión Europea para la mayoría de las actuaciones previstas como alternativa al trasvase'.

El Gobierno sometió ayer al visto bueno del Congreso de los Diputados el real decreto-ley que deroga el trasvase del Ebro (la principal medida del Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno del PP) y que articula la nueva política del agua en España. El texto fue aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros.

'Las primeras actuaciones, que ya tenemos identificadas, se centran en la ampliación de plantas de desalación ya existentes y en la modernización de regadíos', señala la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. 'De forma inmediata, las licitaremos para irlas adecuando en el tiempo a las necesidades presupuestarias, que van a ser menores que las requeridas por el trasvase del Ebro'.

Las medidas aprobadas por el Gobierno suponen una inversión de 3.798 millones de euros y, según el PSOE, suponen un ahorro de 1.600 millones frente al trasvase del Ebro.

Ahora queda el reto de obtener los fondos europeos para financiar las nuevas medidas del agua. 'Hemos solicitado la financiación a Bruselas con carácter informal. La comisaria de Medio Ambiente ve con satisfacción el cambio de enfoque en la política del agua en España', afirma Narbona. 'No digo que tengamos derecho a que nos den ese dinero, pero sí la oportunidad de pedir esa ayuda de 1.200 millones de euros'.

Financiación

Ésta era la cantidad que el Gobierno del PP pidió en la anterior legislatura para su trasvase del Ebro. Se trata de fondos europeos destinados a financiar proyectos de agua que se presenten hasta 2006. 'La diferencia es que nosotros no nos jugamos toda la financiación a una sola carta, sino a muchas actuaciones. Espero que nos den financiación para la mayoría. Hemos diversificado el riesgo con la opción planteada', señala la ministra.

Narbona afirma que 'Bruselas no apoyaba el trasvase y emitió cuatro informes demoledores en ese sentido, en los que advertía que los costes estaban muy infravalorados. El PP mintió diciendo que eran informes no definitivos. Además, Loyola de Palacio fue capaz de señalar hace un mes que si no hubiera llegado el PSOE al poder, la Comisión Europea hubiera dado luz verde al trasvase. Eso es mentira'.

Con la alternativa del PSOE, ¿será más cara el agua para el usuario? 'En absoluto, aunque en un país donde el agua a veces es gratis, es un tema complicado. El agua y Kioto no son temas fáciles. Hay que explicar a la gente que no paga nada por el agua que va a tener que pagar un poco'.

'Estimamos unos precios de entre 10 y 30 céntimos de euro para la agricultura (ver cuadro adjunto). Los regantes de Alicante pedían un precio de 10 céntimos. Los 30 céntimos se alcanzarán para los cultivos más rentables', señala Narbona. 'Estos precios son los que proponemos pero ahora serán objeto de debate al tramitar como ley el real decreto-ley (convalidado ayer por el Congreso)'.

Narbona señala que 'el anterior Gobierno se limitó a decir que las tarifas se establecerán una vez terminada la obra. Con el trasvase, el coste medio hubiera sido de 90 céntimos por metro cúbico, pero en algunos casos hubiera llegado a 1,50 euros. El PP decía que el coste era de 39 céntimos'. La ministra añade que 'la directiva marco de agua de la UE nos obliga a que las tarifas del agua refleje todos los costes, bajo el principio general de recuperación de costes'.

Una de las prioridades de Narbona es apoyar la desalación en energías renovables. 'Queremos asociar la desalación en las plantas previstas en el litoral mediterráneo a las tecnologías más avanzadas tanto en cuanto a eficiencia energética como en renovables. Por ejemplo, mediante el uso de biomasa o energía solar para alimentar las desaladoras. Esto lo impulsaremos vía contratación pública', apunta Narbona.

La ministra asegura que la desalación tendrá 'un consumo hasta un 30% menor que el trasvase, que hubiera equivalido a una central mil megavatios hora funcionando todo un año'.

Narbona niega los problemas medioambientales derivados de la elevada concentración de sal (salmuera) resultante de la desalación de agua. 'No voy a fomentar soluciones que tengan un impacto ambiental significativo', señala la ministra.

El abandono del trasvase del Ebro supuso un parón de las obras previstas, de las que las constructoras esperaban sacar un suculento negocio. Narbona ha querido tranquilizar al sector empresarial. 'Nos hemos reunido con las empresas de desalación y reutilización de agua para informales de nuestros planes', señala la ministra.

Objetivo: convencer a Bruselas

'Hace unos meses, la postura de José María Aznar en Bruselas se basaba en el siguiente planteamiento: si Francia y Alemania no cumplían el Pacto de Estabilidad, ¿por qué España iba a cumplir el Protocolo de Kioto', explica Cristina Narbona, que aclara que 'las razones para no cumplir el Pacto de Estabilidad son políticas, pero Aznar planteaba una política de rebeldía con Kioto'. La ministra de Medio Ambiente cree que 'no se puede ir a Bruselas a pedir 1.200 millones de euros para el trasvase del Ebro siendo el último país en cumplir Kioto y el primero en infracciones medioambientales' (por incumplimiento en la transposición de directivas de medio ambiente).

Narbona recuerda que 'Folgado dijo en su día que no quería convertir España en un cementerio de empresas. A lo mejor, tendríamos que enterrar empresas que han recibido ayudas públicas como Astilleros'. Ahora, la postura del Gobierno del PSOE frente a la UE es la de conseguir el apoyo para obtener la financiación en materia de agua y para lograr el apoyo del Plan Nacional de Asignación de Emisiones previsto para cumplir el Protocolo de Kioto.