Vaya por delante que a estas alturas todos compartimos la preocupación por el medio ambiente, por la sostenibilidad de nuestro desarrollo económico y por dejar a las futuras generaciones un planeta limpio y salubre. En este contexto, el control y reducción de gases que pueden producir «efecto invernadero», como es el caso del dióxido de carbono (CO2), juega un papel muy importante, sea o no el responsable de un hipotético cambio climático, punto este último en el que los expertos ni siquiera se ponen de acuerdo.

De cualquier manera, la emisión de gases contaminantes es un problema global de la Humanidad, porque dichas emisiones no se detienen, como es lógico, en el artificial límite de las fronteras nacionales, y he aquí el primer gran defecto del Protocolo de Kioto: es una solución parcial a un problema global, porque la inmensa mayoría de las potencias industriales de la Tierra no lo han suscrito, comenzando por Estados Unidos y siguiendo por China, India o Rusia. De hecho, éste es un asunto que solamente parece interesar a los países de Europa Occidental, responsables de un minoritario porcentaje de las emisiones de CO2 (apenas la cuarta parte).

Este inconveniente del Protocolo de Kioto conduce a un sinsentido: aquellas industrias que producen CO2, y que serán obligadas a reducir sus emisiones en los países de la Unión Europea (excluyendo a los de la ampliación, que tampoco aceptan el Tratado), simplemente se deslocalizarán, es decir, saldrán de los países que obligan a cumplirlo para radicarse en aquellos otros donde no sufran esta imposición.

Aparte de la pérdida de empleos y de producto industrial que este fenómeno va a implicar, así como las subidas de precios provocados por la necesidad de comprar derechos de emisión, es una curiosa manera de castigar a los que hacen los deberes y premiar simultáneamente a quienes no los hacen.

Kioto encorseta injustamente el desarrollo de los países cumplidores y aboca a los restantes a una competencia desleal, pero legal, en materia de medio ambiente.

El segundo gran defecto de Kioto es su carácter voluntarista, la filosofía latente de que, sin demostrar la relación entre emisiones de CO2 y presumible cambio climático, y también sin incorporar nuevas tecnologías sustitutivas, es no obstante posible reducir drásticamente la producción de dióxido de carbono, y recordemos al respecto que el objetivo es conseguir en el año 2020 una reducción de 30% en comparación con las emisiones de 1990.

La única manera de hacerlo es, simplemente, renunciar al desarrollo industrial y asumir que estas medidas provocarán pobreza, desempleo, peores servicios y mayores precios. ¿Están los ciudadanos de Europa Occidental tan sensibilizados por la cuestión, dispuestos a asumir este coste? Quizás muchos lo estuvieran si sirviera para preservar el medio ambiente, pero ¿y si añadimos que no servirá de nada, porque esas emisiones se efectuarán desde países no signatarios del Protocolo?

En tercer lugar, el Protocolo de Kioto, o al menos la forma en que ha sido gestionado, tiende a hacer creer que las emisiones a la atmósfera son responsabilidad exclusiva de las industrias y solamente de ellas, cuando los vehículos privados y públicos y la actividad doméstica, sobre todo las calefacciones, son contaminantes en mucho mayor medida.

Se está demonizando a las empresas, y concretamente al sector industrial, seguramente porque los políticos tienen más difícil pasarle el tanto de responsabilidad al ciudadano común, que siendo el principal agente emisor tendrá no obstante la conciencia tranquila, al pensar que ya se está actuando contra las industrias que contaminan, cuando en realidad el primer causante es él mismo.

En estas condiciones, que España, al aprobar un Plan de Asignación de emisiones, se ponga a la cabeza de una estrategia parcial, contraproducente, voluntarista y engañosa, es simplemente una ingenuidad.

En CEOE hemos sido promotores de una posición común de la Unice, la organización empresarial europea, que solicita la reconsideración de la estrategia de los Gobiernos de la UE en esta materia, revisión que debe aceptar el hecho de que la UE no puede luchar sola contra el cambio climático.

Hay que abrir un debate que termine garantizando la participación efectiva de todos los países, incluidos Estados Unidos, Rusia, China e India, entre otros. Mientras lo anterior no exista, no queda más remedio que flexibilizar al máximo la aplicación del Protocolo, o incluso establecer una moratoria hasta que la totalidad, o la inmensa mayoría, de los países se sumen al esfuerzo común en la preservación del medio ambiente.

Mientras eso no se produzca, los países que bienintencionadamente procuren luchar solos contra la contaminación serán los más castigados en términos de pérdida de industrias, empleo y riqueza.