Según el órgano consultivo, el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (PNADE) que ha aprobado el Gobierno para el periodo 2005-2007 es un instrumento útil para la reducción de emisiones.

A juicio de este organismo, está "fuera de toda duda" la necesidad y oportunidad del decreto, ya que responde al cumplimiento de las obligaciones contraídas por España y las empresas necesitan conocer con el tiempo suficiente las obligaciones a las que quedarán sujetas y las inversiones necesarias para hacerlas frente.

Sin embargo, los agentes sociales advierten sobre los objetivos previstos de 2008 al 2012 y abogan por que se plantee su impacto sobre la competitivad europea y española.

El CES reclama al Ejecutivo flexibilidad en la aplicación del plan para garantizar la viabilidad de las empresas y sus efectos sobre el empleo.

Para lograr esa flexibilidad, el consejo defiende la constitución de mesas tripartitas entre la Administración, los sindicatos y los empresarios, tanto a nivel global como en cada sector, que hagan un seguimiento de la aplicación del programa y puedan acordar ajustes en el mismo.