Esta actuación, presentada a mediados de este mes por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, estará en vigor hasta el 1 de octubre, y cuenta con un presupuesto para este año de 2.670.000 euros (de los cuales un millón lo aporta Sanidad y el millón y medio restante Trabajo).

Durante la presentación del plan, Salgado destacó que la intención de este plan es "resolver los problemas antes de que se produzcan, teniendo preparados con el tiempo suficiente todos los mecanismos necesarios de información y coordinación". "No se trata de alarmar a la población, sino de prevenir", dijo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera explicó que se llevarán a cabo programas de identificación de las personas más vulnerables por los servicios sociales municipales "identificando a la población diana para poder ofrecerle un servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio".

En este sentido, se habilitará un número de teléfono (902 22 22 92) para que los ciudadanos puedan comunicar situaciones de emergencia o recibir iizarán llamadas periódicas de control sobre la población de riesgo.

Además, el Plan incluye la suscripción de convenios de colaboración con Cruz Roja, Cáritas España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para coordinar las actuaciones de los voluntarios y servicios de asistencia, junto con las comunidades autónomas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología suministrará información diaria a las administraciones con todas las previsiones de temperatura, especificando los umbrales de riesgo que puedan producirse a nivel autonómico y provincial. Este plan también incluye un completo sistema de información que permitirá comprobar el incremento de la demanda de asistencia sanitaria y la necesidad de reforzar los recursos disponibles.

NIVELES DE INTERVENCIÓN

En función de la información disponible, se establecerá un primer nivel de intervención de información y vigilancia de los indicadores que se consideren más sensibles para evaluar la situación. Se desarrollarán campañas de información a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios y servicios sociales.

En este sentido, el Plan contempla la puesta en marcha de una campaña de información en los medios de comunicación, que aconsejará las medidas prácticas para prevenir los efectos de la exposición a temperaturas elevadas (beber agua, bajar las persianas, no exponerse directamente al sol y no comer demasiado, entre otras recomendaciones).

El segundo nivel activará la alerta por la detección de temperaturas que puedan calificarse como de ola de calor. La Comisión Interministerial adoptará medidas inmediatas de alerta mediante avisos a la población e información a los servicios sanitarios para evitar la saturación de los servicios de urgencia. Se organizarán comités de crisis para coordinar los servicios de detección de personas afectadas para su tratamiento o ingreso, y se elaborarán informes sobre el impacto de la temperatura sobre la morbilidad y mortalidad.

Asimismo, se pondrá en marcha un sistema específico de vigilancia epidemiológica y se recogerá del Registro Civil y de los servicios de urgencia toda la información sobre las posibles incidencias.

Si la situación se agrava, se establecerán las medidas de emergencia que se consideren apropiadas (amparadas por las leyes sanitarias) para disminuir los impactos sanitarios sobre la población. Además, se podrá solicitar la participación de los servicios de Protección Civil y otros medios.

15.000 FALLECIMIENTOS EN EL VERANO PASADO

En cuanto a los fallecimientos determinados el verano pasado por la ola de calor, Salgado indicó en la presentación del Plan que "parece razonable que hayan sido bastante más de los 141 cifrados por las autoridades sanitarias". Si se hubiera utilizado la metodología de cálculo francesa (contabilizando las muertes durante el mismo periodo del año anterior y haciendo una diferencia), esta cifra hubiera sido muy superior, precisó.

No obstante, destacó que el método francés se trata de "un sistema burdo, por el cual se llegó a contabilizar 15.000 fallecimientos".

demás aseguró que "el año pasado se improvisaron algunos protocolos frente a la ola de calor, lo que pasó es que hubo una falta de información que impidió llevar a cabo las medidas preventivas adecuadas". Asimismo, anunció que "su departamento no va a hacer ningún estudio retroactivo sobre lo que ocurrió el año pasado".

En este sentido, destacó que los programas de televisión podrían dar instrucciones sencillas que favorecerían reducir el número de hospitalizaciones.

Aunque la cifra oficial ofrecida por el anterior Gobierno del PP tras el verano de 2003 relacionaba directamente la ola de calor con tan sólo 141 muertes (59 por golpe de calor y 82 debido a patologías previas), un informe más reciente elaborado por el Instituto de Salud Carlos III reconocía una sobremortalidad en julio y agosto cifrada en 6.500 fallecimientos, con un incremento de la tasa de decesos del 8 por ciento respecto a años anteriores.

En concreto, los investigadores del Centro Nacional de Epidemiología del Carlos III desvelan en su estudio, publicado este mes por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), un exceso de defunciones de 3.166 fallecimientos en las capitales de provincia en julio y agosto, un dato que extrapolado al resto del país eleva la sobremortalidad a 6.500 decesos (2.300 en junio, 300 en julio y 3.900 en agosto).

Por último, los investigadores, encabezados por Ferrán Martínez, aconsejan la puesta en marcha de "un sistema de alerta y control sobre riesgos naturales, en estrecha conexión con el Instituto Nacional de Meteorología".