Narbona, que inauguró en Madrid el seminario sobre Protocolo de Kioto organizado por el Club Diálogos para la Democracia, indicó que "ese mayor tiempo se podrá emplear muy bien en una mayor consulta pública" con sectores, sindicatos, organizaciones sociales y comunidades autónomas, y aseguró que "no va a haber grandes sacrificios (para empresas)".

Se "ha dramatizado muchísimo quizás de forma interesada se ha querido hacer aparecer el reto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país como algo inalcanzable o alcanzable a un coste excesivo, y pronto se verá que eso no es así, y que por el contrario esto significa mejorar y mucho la competitividad de la economía española por la vía de reducir nuestra enorme dependencia exterior de los combustibles fósiles", aseguró.

En este sentido, la ministra recordó que "aunque no hubiera Protocolo de Kioto, es saludable avanzar hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles y a una mayor eficiencia energética", y que hay que cumplir directivas europeas como la de energías renovables o eficiencia energética en edificaciones.

Narbona recordó que España ha crecido en los últimos años basándose en un empleo precario, en un incremento del consumo energético por encima del PIB y aumentando emisiones.

La titular de Medio Ambiente apostó por crecer económicamente pero con empleos estables y menor contaminación, así como con una disminución de la intensidad energética por unidad de producto.

"España es hoy más dependiente en energía que hace 10 años, y consume más energía por unidad de PIB que hace 10 años. Hay que ajustar el consumo de energía a la baja en términos del PIB, porque sino España será un país muy vulnerable, ya que su economía está excesivamente vinculada a los combustibles fósiles", expuso en su intervención.

INCLUIDOS MAS SECTORES QUE EN LA DIRECTIVA

En cuanto al borrador del Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones contaminantes, la ministra explicó que se propondrán dos escenarios: un cambio de tendencia en las emisiones en el periodo 2005-2007, y una disminución más potente para el segundo periodo de 2008-2012.

En la primera fase se incluirán no sólo los sectores afectados por la Directiva comunitaria de comercio de emisiones, sino que también se fijarán "techos" de emisión para sectores no incluidos.

La ministra pidió que los mecanismos de comercio de emisiones se utilicen por las empresas como una "oportunidad" para tener "presencia internacional", especialmente en Iberoamérica.

El Gobierno debe presentar un Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones a la Comisión Europea antes del mes de agosto, en el que tiene que repartir las cuotas máximas de emisión de gases contaminantes en cada sector industrial, de manera que España pueda cumplir con el compromiso que asumió para que sus emisiones en 2012 no superen en más de un 15% las registradas en 1990.

En relación a la contaminación detectada en el río Fluviá (Gerona) por un vertido, la ministra dijo que esta es la "sintomatología más clara de que desde las Administraciones no se es capaz de evitar" y aseguró que se trabaja para elaborar una ley de responsabilidad civil por daños ambientales que pueda prevenir estos casos.