–¿Está España en condiciones de cumplir el protocolo de Kioto? Sólo nos permite aumentar la emisión de gases un 15% hacia el 2010 (desde 1990) y llevamos casi un 40%.

–Es posible, pero muy difícil. Es necesario que todo el mundo asuma su parte de responsabilidad. Es una tarea de las administraciones, pero también de las empresas, de los agentes sociales y de los ciudadanos. Si no asumimos todos nuestra parte de responsabilidad, no será posible. Pero el Plan Nacional de Asignación de los Derechos de Emisión apuesta por cumplir Kioto. La propuesta del Gobierno es firme y conocida.

–¿Cuándo enviará el Plan Nacional de Asignación a Bruselas?

–España tenía que haber presentado su plan el 31 de marzo, pero, como se sabe, el anterior gobierno no hizo sus deberes. Ahora lo hemos presentado (el martes), y la Comisión Europea ha estimado que el documento era una muestra suficiente de compromiso para no abrir un procedimiento de infracción contra España. Tras la información pública, lo aprobaremos de forma definitiva el 30 de julio. España está cumpliendo aceleradamente sus compromisos.

–Los primeros deberes para reducir gases (derivados de la directiva de compraventa de derechos de emisión) implican a los seis grandes sectores industriales generadores de CO2. ¿Qué pasa con los otros sectores, el doméstico o el transporte?

–El Gobierno ha aplicado el criterio de que el esfuerzo para cumplir con Kioto se tiene que repartir entre todos. De la misma manera que en el Plan Nacional de Asignación limitamos las emisiones de la industria, igualmente debemos frenar las emisiones en otros sectores, como el transporte y el residencial. Para eso, hemos marcado objetivos cuantitativos. Además de las medidas ya previstas por el Gobierno en la estrategia de eficiencia energética, tenemos que reducir en ese periodo 53 millones de toneladas con medidas adicionales. Ese es el compromiso que tiene que asumir el conjunto de la sociedad.

–¿En cuánto se va a frenar la emisión de CO2?

–Las emisiones globales de España, incluyendo los sectores incluidos en la directiva y los no incluidos, no podrán superar un máximo de 398,1 millones de toneladas de CO2 de promedio anual en el periodo 2005-2007, lo que significa una reducción del 0,4% respecto al 2002. Es una reducción modesta, pero es muy importante, porque significa un cambio de tendencia. Por su parte, en el caso concreto de los sectores industriales afectados por la directiva europea, el límite que se podrá emitir, en promedio anual, en ese periodo será de 161,25 millones de toneladas. En este caso ya se refleja una disminución sobre el 2002, cuando se emitieron 165,75 millones de toneladas de CO2.

–El plan sólo se plantea frenar las emisiones de gases para el periodo 2005-2007. Se pospone la gran reducción, que deberá abordarse a partir del 2008. ¿No lo dejamos todo para el final?

–Hay que tener en cuenta que en el 2002 ya llevábamos un incremento de casi el 40% de las emisiones, y la tendencia para el 2006 era un crecimiento de casi el 55%. Nosotros planteamos una reducción. Estamos hablando, pues, de reducir casi 15 puntos respecto a la tendencia, y eso un esfuerzo enorme. El esfuerzo del 2008 al 2012 será mayor; pero el que se pide para la estabilización en el 2005-2007 es ya muy importante.

–¿Cómo se han repartido los derechos de emisión de CO2 entre las industrias?

–Las industrias que emiten más CO2, que son las del sector de generación eléctrica, tienen mayor potencial de reducción. Y dentro de la generación eléctrica hay distintas tecnologías. La transición de unas tecnologías a otras más limpias tiene un gran potencial de reducción. Se pide un mayor esfuerzo allá donde se emite más, y donde es posible tecnológicamente reducir más.

–Las industrias que superen el cupo de emisión de CO2 asignado y rebasen el listón deberán comprar los derechos de emisión de CO2 a partir del 2005. ¿Cómo será ese mercado?

–Si una instalación recibe derechos para emitir un millón de toneladas y hace un esfuerzo de eficiencia y de ahorro energético y emite 900.000, tendrá derechos para 100.000 toneladas, que podrá vender en el mercado. Y si, por el contrario, una industria recibe derechos para un millón de toneladas y emite 1,1 millones, tendrá que adquirir en el mercado los derechos de esas 100.000 toneladas que ha emitido en exceso. Este es un mercado europeo, donde cualquier empresa incluida en la directiva europea puede ofrecer a las demás los derechos sobrantes, y las que los necesiten los adquirirán.

–¿Ayudará el Gobierno a pagar esa compra?

–No vamos a dedicar dinero de los presupuestos del Estado a comprar créditos (derechos) para las empresas. Debe ser una responsabilidad de las empresas, aunque van a contar con todo el apoyo del Gobierno para acceder a ellos en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, autorizamos la creación de agrupaciones o de pools en los sectores industriales, que es una forma de facilitar el acceso a los créditos.

–¿Cómo se concreta esta compraventa?

–Va a haber un registro nacional en cada país, donde se van a hacer las anotaciones de las transmisiones de derechos, pero será un mercado europeo que no va a tener una única sede física.

–¿Deben reducir sus emisiones las cementeras?

–No es que vayan a tener que reducir respecto a lo que han emitido en el pasado, pero es verdad que las cementeras prevén un crecimiento de su actividad por encima de lo que prevé en estos momentos el Gobierno.

–La eléctrica Iberdrola era partidaria de Kioto, porque al depender en mayor grado de fuentes limpias (hidroeléctricas) entendía que el esfuerzo no lo debía hacer ella, sino Endesa, que depende de las térmicas (carbón)...

–Ibedrola está nadando a favor de la corriente. Ha hecho una apuesta por unas tecnologías de generación que, en términos generales, son las que se prevén para poder cumplir el compromiso de Kioto. Pero el Gobierno está siendo muy cauto para que eso no suponga un cambio drástico en la estructura empresarial de la generación eléctrica española y de la posición competitiva de las empresas.

–¿Cómo reducir los CO2 en la construcción?

–En el caso del sector residencial, se va a acelerar la elaboración de un nuevo código técnico de edificación y la trasposición de la directiva de eficiencia energética en edificios. La directiva obliga a que las nuevas viviendas o la reforma de las viviendas antiguas se hagan con unos criterios de eficiencia energética que concreta el código técnico de edificación. Las viviendas españolas hoy en día son comparativamente ineficientes, y pensamos que hay una gran oportunidad de reducir emisiones haciendo nuestras viviendas eficientes energéticamente.

–¿Y en el transporte?

–El plan estratégico de infraestructuras que elabora el Gobierno se va a someter a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta que la emisión de CO2 depende de los distintos modos de transporte. Emite mucho menos viajar o mover mercancías en ferrocarril que en carretera.