La Comisión Europea ha declarado continuar esperando la llegada de todos los planes nacionales de asignación de derechos de emisión de los Estados miembros para poder hacer una evaluación de conjunto y estudiar cuáles son los que proponen medidas más adecuadas. Pese a que la fecha final de entrega finalizó el pasado 31 de marzo para los 15, y el 30 de abril para los 10 nuevos Estados miembros, todavía quedan muchos países por presentar sus planes.

Entre los Quince, España, Francia y Grecia no han sometido aún a la Comisión sus respectivos documentos, mientras que Portugal, Bélgica e Italia han hecho llegar únicamente un primer boceto. De parte de los nuevos países, sólo se han recibido los planes de Eslovenia y Lituania, mientras que Letonia y Estonia han entregado también sendos primeros proyectos de planes.

El cumplimiento del Protocolo de Kioto y, en consecuencia, la nueva directiva de comercio de derechos de emisión mantiene en vilo a las empresas europeas, que pugnan en estos momentos por recibir la máxima cuota posible de derechos para poder continuar con sus niveles de producción sin necesidad de verse obligadas a comprar derechos a otras sociedades.

Sin embargo, de los actuales 25 Estados miembros de la UE, tan sólo 11 han presentado la versión definitiva de sus planes a la Comisión Europea (Alemania, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Reino Unido, Eslovenia y Lituania), mientras que cinco (Letonia, Portugal, Bélgica, Italia y Estonia) han hecho llegar los primeros bocetos.

Estos planes deben hacer un reparto equilibrado de los derechos de emisión asignados a cada país entre los operadores de los sectores afectados por la directiva, es decir, las compañías que operan en el sector eléctrico, el refino de petróleo, el cerámico y azulejero, papelero y cementero.

Cada Estado miembro tiene libertad para diseñar su plan, siempre que sea equilibrado, evite las distorsiones de la competitividad y cumpla con el objetivo nacional asignado por Bruselas a cada país. En este sentido, aunque los planes presentados hasta el momento presentan notas comunes, se observan también diferencias entre ellos.

Reparto de los derechos

La mayoría basan el reparto de derechos en las emisiones históricas, algo que en España defienden algunas compañías, como Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico Riesgo, así como el sector cerámico y azulejero. Este sistema es criticado, sin embargo, por Iberdrola, que defiende un reparto en base a previsiones de producción, lo que consideraría las emisiones de gases de efecto invernadero futuras y no las históricas. Es similar al que propone el boceto del plan italiano, mientras que el resto de los países de la UE apuesta por el primero. No obstante, en los casos de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Holanda, Portugal, Reino Unido y Suecia existe una reserva dentro de cada plan nacional destinada a nuevas instalaciones previstas.

Por otro lado, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Holanda han optado por una asignación por cada instalación. Finalmente, el resto de los países que han presentado sus planes han optado por repartir las emisiones por sectores.

Subasta de los derechos

Durante el primer período de la directiva (2005-2007), los planes asignan los derechos de forma gratuita, como obliga la normativa. En cambio, permanece optativa la posibilidad de dejar una parte de los derechos para subastarlos entre las empresas que quieran pagar por ampliar la cuota que le haya sido asignada. Sin embargo, esta opción sólo ha sido incluida por el momento en los planes de Irlanda y Dinamarca.

En España, el objetivo del gabinete medioambiental de la ministra Cristina Narbona es presentar el plan antes julio, aunque será previsiblemente un primer boceto, y puede que el definitivo no esté listo hasta septiembre. En cualquier caso, tendrá que ser antes de octubre, ya que la directiva prevé que la Comisión tenga un mínimo de tres meses para evaluar los planes antes de la entrada en vigor de la normativa el 1 de enero de 2005.

Agrupación de empresas

Uno de los sistemas que está valorando Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general de Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del nuevo Gobierno español, es el llamado 'pool', que consiste en permitir que varias empresas agrupen sus derechos de emisión para después acudir al mercado. Este sistema ya está previsto en los planes nacionales de Dinamarca y Portugal, mientras que el resto de los países dejan la vía libre a las empresas que deseen servirse del 'pool', menos Reino Unido, donde se prohíbe expresamente.

Mientras los últimos rezagados concluyen sus planes, la Comisión Europea ha comenzado a estudiar los que ya están sobre su mesa, si bien según fuentes del Ejecutivo comunitario preferiría poder analizarlos y compararlos en conjunto, cuando estén todos disponibles, para poder valorar los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos.

Sin embargo, dado que algunos países, como España, van con mucho retraso, la Comisión ha asegurado que si alguno de los planes entregados es absolutamente correcto lo aprobará sin esperar a que lleguen los documentos de los países que faltan para que el país en cuestión pueda comenzar a aplicarlo y a preparar a sus empresas.