La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, anunció hoy que abrirá procedimientos de infracción a España y el resto de los países que no han presentado todavía sus planes nacionales sobre derechos de contaminación, necesarios para poner en marcha el mercado de emisiones a partir de enero de 2005. En concreto, España, Italia, Francia, Portugal, Grecia y Bélgica no han cumplido los plazos para la presentación de esta información, pero tampoco lo han hecho tres de los diez nuevos socios. Han presentado los planes Austria, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido, Holanda, Eslovenia, Eslovaquia y Lituania. Para los Quince, la fecha límite era el 31 de marzo y para los Diez antes del 1 de mayo.

No obstante, Wallstrom indicó que en la mayoría de los presentados "falta de información o están incompletos", además de que se percibe la entrega excesiva de permisos de emisiones de contaminación. "Esto es decepcionante y hace que el análisis de la Comisión de los planes sea más importante. Todos los mercados requieren una cierta escasez para funcionar", subrayó.

La falta de escasez se está reflejando además claramente en el precio de mercado de los permisos que se están negociando ya. La Comisión ha observado que el precio de permisos ahora ha caído de 13 euros en enero a alrededor 7 euros, lo que en su opinión dará pocos incentivos para cambiar los comportamientos.

Los planes presentados incluyen los de Alemania y Reino Unido, los dos Estados miembros más grandes en términos de sus emisiones, que suponen el 60 por ciento de la UE. En rueda de prensa desde Bruselas, la comisaria aseguró que a pesar de esta situación preocupante para los avances en el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, la fecha del 1de enero de 2005 para tener listo el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la UE no será alterada. De hecho, llegó a decir que incluso si Kyoto no sigue adelante y mercado de emisiones europeo sí se creará. El mercado de emisiones es la fórmula elegida por la Unión para acercarse al cumplimiento del Protocolo de Kioto, que entra en vigor en 2008 y exige a la UE una reducción del 8 por ciento de sus emisiones en el año 2012 con respecto a los niveles de 1990.

Wallstrom indicó la CE tiene un plazo de tres meses para examinar el plan de cada Gobierno nacional y ya cuenta con tener que pedir nuevos planes o adaptaciones para reducir los niveles de emisiones.

En este marco, dispone de dos herramientas para disciplinar a quienes presenten planes incompletos o no los cumplan. En primer lugar, el procedimiento de infracción regular contra violaciones de la ley comunitaria, que prevé una posible denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE y, en último término, una sanción económica.

En segundo lugar, la Directiva sobre comercio de emisiones contempla multas de entre 50 y 100 euros por tonelada de emisión a las factorías que sobrepasen sus cuotas. Además, aquellos países que no cumplan con los mecanismos del comercio de emisiones, tendrán que buscarse alternativas para cumplir con Kioto y seguramente serán más onerosas.

MÁS DE 12.000 INDUSTRIAS

El mercado de emisiones es un mecanismo diseñado para amortiguar el impacto económico del Protocolo. A partir de su entrada en vigor, el 1 de enero de 2005, más de 12.000 plantas industriales --energéticas, siderúrgicas, cementeras, papeleras, fabricantes de vidrio o de ladrillos, entre otras-- deberán ajustar sus emisiones a la cuota que les haya sido asignada o adquirir derechos de emisión suplementarios en un mercado virtual creado a tal efecto.

Este mercado se nutrirá de las empresas que no apuren sus cuotas y pongan en venta sus derechos de emisión sobrantes. El precio fluctuará en función de la demanda y la oferta, entre los 5 y los 35 euros por tonelada de gas escupida por las chimeneas, según las estimaciones de la CE.

La fase final del reparto de emisiones coincide con el debate sobre la viabilidad del Protocolo de Kioto, alimentando por las dudas de Rusia a la hora de ratificarlo. La ausencia de este país --sumada a la de EE UU o Australia-- haría inalcanzable el umbral mínimo de ratificaciones para que el convenio entre en vigor --adhesión de los países responsables de al menos el 55 por ciento de las emisiones--.