Han presentado planes definitivos a la Comisión Europea, Alemania, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Reino Unido, Eslovenia y Lituania, y han hecho públicos borradores de sus PNA Portugal, Bélgica, Italia, Letonia y Estonia. Francia, Grecia y España no han presentado todavía documento alguno y Chipre y Malta gozan de un tratamiento específico en este tema.

Los derechos de emisión y su comercio están planteados con el objetivo de facilitar y abaratar a los Estados el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto (una reducción del 8% de las emisiones de gases de efcto invernadero en el periodo 2008-2012 frente a las de 1990 en la UE). El régimen cubre aproximadamente un tercio de las emisiones totales (casi el 50% de ellas son CO2).

La posibilidad de comprar y vender derechos entre empresas debe garantizar el objetivo de reducir la cifra total de emisiones al menor coste posible. Los planes de asignación reparten entre empresas y sectores los compromisos nacionales sobre emisiones asumidas por cada Estado miembro de la UE.

La mayoría de los PNA de emisiones contaminantes que ya han sido presentados ante la Comisión abogan por criterios de reparto de emisiones similares a los defendidos en España por el conjunto de las compañías eléctricas, salvo Iberdrola, que mantiene una posición diferenciada, y por los nuevos entrantes del sector eléctrico.

El grueso de estos planes apuesta por una asignación gratuita de los derechos y por un criterio de reparto entre instalaciones basado en las emisiones históricas, y no en el de las emisiones previstas en el futuro. Cuatro de los 11 planes conocidos (los de Italia, Portugal, Irlanda y Holanda) prevén recurrir, en porcentajes que oscilan entre el 6% y el 20%, al uso de los mecanismos de flexibilidad recogidos en el Protocolo de Kioto (inversiones para reducir contaminación en países en desarrollo, reforestación, etcétera) para el cumplimiento de los objetivos. Las eléctricas españolas propugnan también la adopción de esta fórmula.

La posibilidad de la subasta

Los planes de Irlanda y Dinamarca, por otra parte, son los únicos hasta ahora que recogen la posibilidad de aplicar un procedimiento de subasta (véase gráfico) a la asignación de una parte de sus derechos de emisión (un 0,75% del total en el caso irlandés y un 5% en el danés). Extrapolando los datos de los planes hasta ahora conocidos, el volumen de derechos subastables en Europa no llega a los dos millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale aproximadamente al 0,1% del total de derechos asignados.

Salvo Italia, que ha adoptado la referencia de las emisiones previstas para el futuro en el caso del sector eléctrico, el criterio de reparto fijado en el resto de PNA conocidos asigna los derechos atendiendo a las emisiones históricas de las instalaciones (una mayoría opta por contabilizar los periodos 1988-2001 o 2002).

Los planes de asignación publicados, según estudios comparativos realizados por eléctricas españolas, reconocen también la necesidad de ir acometiendo reducciones de emisiones en los sectores afectados por la directiva, entre 2005 y 2012, con el objetivo de afrontar en esta última fecha las exigencias del Protocolo de Kioto.

El volumen de emisiones asignado en los PNA publicados está en todos ellos por debajo de las emisiones previstas en escenarios económicos normales, es decir, en escenarios donde no existiese la necesidad de reducir emisiones.

En general, los esfuerzos de reducción de CO2 previstos en los distintos planes oscilan entre el 15,1% de Dinamarca y el 1% del Reino Unido. Las eléctricas españolas propugnan una reducción del 6,4% en España. Las reducciones fijadas para las eléctricas en los PNA oscilan entre el 5% y el 10%, aunque Irlanda las fija en el 2% y Dinamarca en el 28% (este país tiene un elevadísimo nivel de emisiones: 0,64 toneladas de CO2 por megavatio hora generado en 2001).

Los planes de asignación holandés e irlandés, que recurren a los mecanismos de flexibilidad ante la imposibilidad de reducir físicamente las emisiones hasta los límites de Kioto, especifican que será el Estado quien aporte los fondos necesarios para la compra de derechos de emisión o para créditos de proyectos CDM (Clean Development Mechanism) y JI (Joint Implementation).

La posibilidad de agrupar instalaciones ha sido incorporado explícitamente por varios de los planes publicados hasta ahora y sólo uno, el de Reino Unido, lo prohíbe expresamente.