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Prioridades en ciencia e investigacion
01/06/2004   Expansión
El acceso de un nuevo Gobierno y la permanente necesidad de que nuestra I+D progrese en tamaño y calidad hacen necesario analizar las diversas facetas del sistema que la sostiene. A pesar de sus heterogeneidades, es muy importante que consideremos nuestro sistema cientifico-técnico en su conjunto, con sus posibilidades y sus limitaciones. España se juega mucho en la apuesta por el desarrollo del conocimiento y la innovación y la situación de nuestra I+D es de verdadera encrucijada.

Por un lado tenemos un nivel suficiente como para que podamos apreciar el importante camino que nos queda por recorrer, así como los flancos que hay que cubrir para alcanzar la convergencia con los países mas avanzados, que es posible lograr. Pero, por otro lado, también podemos constatar las oportunidades que perdemos si nos estancamos en un terreno en el que algunas sociedades no se detienen en su avance.

 

Casos como el de Irlanda ofrecen un buen punto de comparación, por el acierto en articular una estrategia eficaz de promoción de la I+D con proyección significativa en la innovación, el desarrollo empresarial y la creación de empleo. Todo ello en un periodo de tiempo relativamente corto a pesar de que nos referimos a iniciativas en las que -desgraciadamente- hay que contar con el medio o largo plazo, lo que fácilmente desanima a los responsables políticos que con frecuencia sólo buscan resultados a plazo corto.

 

No estamos en condiciones de ser de inmediato los líderes científicos del mundo en los temas de frontera de la investigación básica. Lo que no quiere decir que no aspiremos a consolidar grupos de investigación básica de liderazgo mundial. Sin embargo, con nuestros competentes recursos humanos, podemos abordar con nivel y competencia la enorme riqueza de cuestiones de relevancia científica que son propias de nuestro ámbito. Nuestro país concentra una elevada proporción de la diversidad de los recursos naturales de la UE, la alimentación y otros hábitos de vida, la desertificación y otras cuestiones ambientales, las energías renovables, el rico patrimonio cultural, la biomedicina, etc, representan, entre otras muchas, temáticas en las que volcar esfuerzos científicos y de las que derivar resultados tecnológicos e innovadores en pro de un desarrollo sostenible.

 

La situación de encrucijada a la que me refería la ilustran algunos puntos de referencia del sistema científico-técnico español. Superábamos recientemente el 1% de PIB en inversión global en I+D, pero la propia cumbre de la UE de Barcelona (2002) marca el objetivo del 3% para 2010, y grande es el esfuerzo que hay que hacer para lograrlo. Estamos no lejos de la media europea en cuanto a investigadores y tecnólogos (5,5 por mil trabajadores) pero muy distantes de las cifras de muchos Estados de la UE, de Japón y de EE.UU. (todos ellos cerca de 10 por mil). Nuestra producción científica se ha incrementado hasta representar casi el 3% de la producción mundial, con un crecimiento sostenido muy significativo a lo largo de los últimos 25 años, pero el impacto y la rentabilidad (proyección en la innovación) es realmente menos del que sería necesario.

 

CAMINO POR RECORRER

Pero, si nos vamos a indicadores de innovación y competitividad, los resultados revelan un camino aún más largo que recorrer.

 

A pesar de un significativo crecimiento reciente, las patentes españolas en Europa apenas representan un 0,7% y en los registros de EE.UU. el 0,2%, cifras muy por debajo de las de nuestra producción científica. Nuestra exportación de productos de alta tecnología creció en años recientes, pero el mayor incremento de las importaciones redujo nuestra tasa de cobertura en este capítulo. Nuestro Indice Global de Competitividad nos sitúa en el puesto 23 del mundo (con EE.UU. en primer lugar y Alemania en la posición 15). Hay todo un camino a recorrer en pro de la competitividad. Como científico no tengo ningún problema en asumir que el avance del sistema investigador tiene que armonizar la producción de conocimiento básico con la proyección de éste en el sistema productivo. De no ser así, difícilmente lograremos el apoyo social necesario que fuerce a los responsables gubernamentales a una gestión eficaz de las políticas científicas.

 

Vengo afirmando que tras ocho años de administración económica rigurosa, es más posible que nunca plantear que la I+D es la prioridad fundamental para la sociedad española. El conjunto de estrategias a formular para ello sería tan ambicioso que desborda las posibilidades de este artículo. Pero, si nos fijamos en lo más inmediato y tratamos de aprender de la experiencia más reciente, encontramos claves sobre las que es necesario actuar con urgencia.

 

En primer lugar, será preciso un esfuerzo inteligente para materializar la promesa electoral de incrementar la financiación pública de la I+D en un 25% anual en la legislatura ya vigente. Nuestros grupos de investigación pueden incorporar con eficacia y rentabilidad estos recursos adicionales. Pero, un crecimiento tan significativo del presupuesto científico sólo será posible si el Gobierno lo formula como verdadera prioridad, naturalmente a costa de otros capítulos de gasto, puesto que la estabilidad presupuestaria es otra premisa muy necesaria, especialmente en el horizonte económico que se avecina.

 

Igualmente es preciso configurar la organización de la gestión pública de las políticas científico-tecnológicas en tiempo breve.

 

Los primeros seis meses suelen resultar un plazo decisivo para los resultados del resto de la legislatura. Un sistema de I+D necesita desenvolverse en un marco claro de referencias, resintiéndose notablemente de la improvisación y los bandazos. Los grupos de investigación consolidados trabajan mucho mejor con un horizonte claro de convocatorias de proyectos y con una definición diáfana de las prioridades. El vigente Plan Nacional de I+D+i resulta sin duda un marco, pero es preciso asegurar su aplicación dentro de los esquemas de gestión que precisa el nuevo organigrama dentro del recuperado Ministerio de Educación y Ciencia (quede para otro artículo el comentario sobre el organigrama y gestión pública de la I+D y sus cambios). De la misma manera las empresas precisan de un horizonte claro en el que situar sus esfuerzos en pro del avance tecnológico y la innovación.

 

La atención a los recursos humanos para la ciencia es otro gran capítulo. Sin investigadores, sin cauces para su formación, sin estímulos al desarrollo de sus carreras y sin una estructura que favorezca su movilidad y la apertura de oportunidades, no tendremos un sistema científico-técnico acorde con el nivel posible.

 

No sólo hay que invertir en los correspondientes contratos, sino que hacen falta reformas de las instituciones encargadas de su formación y de acoger su trabajo. Muy especialmente, las universidades, en las que radica la mayor proporción de la producción científica española. Su actual organización dista mucho de constituir el marco adecuado para priorizar la investigación de calidad, así como para consolidar este criterio como prioridad para su organización y gobierno. Algunos organismos públicos investigadores de gran relevancia, muy especialmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), precisan igualmente reformas estructurales para afrontar ese futuro como organizaciones que agrupen a los investigadores del sector público y potencien su trabajo.

 

En esta enumeración de claves para la política científica no podemos olvidar la articulación de un sistema de transferencia de resultados y conocimientos al sistema productivo y a la sociedad en general. Es esta faceta la que hace rentable la I+D y la que a muchos convence de la importancia del esfuerzo. Entre las nuevas iniciativas en este terreno, sin duda ha de estar la inversión de un mayor esfuerzo y mejores recursos. El ya clásico sistema de oficinas de transferencia de resultados de investigación, de aportaciones indudables para la conexión entre la investigación pública y la empresa, está necesitado de una potenciación, así como de evolucionar a verdaderas plataformas más ambiciosas en cuanto a los resultados que deben alcanzar y a la evaluación de sus rendimientos. Especial importancia tendrá en este contexto la formación de recursos humanos en la gestión del conocimiento, nos hacen falta programas sectoriales de creación de recursos humanos capaces de llevar a cabo esa proyección de la investigación en el desarrollo de la tecnología para la innovación.

 

ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

En dos décadas los esfuerzos en pro de una investigación europea para la competitividad de la UE se ha organizado en los programas marco. Han sido programas de gestación compleja -hasta ahora de carácter cuatrienal y con una financiación en torno a 4.000 millones de euros por año- que han llevado a formular la configuración de un Espacio Europeo de Investigación, como un objetivo próximo.

 

Los programas marco de investigación de la UE representan un 4%-5% del esfuerzo investigador, pero no conviene olvidar que estos fondos resultan mucho más decisivos para muchos grupos en lo referente a la financiación de proyectos.

 

Corresponde a España aportar un 7% aproximadamente; a través de los proyectos que presentan los grupos académicos y empresas, en consorcio con los de otros países, el retorno que cada país obtiene depende de su capacidad de competir en las convocatorias.

 

Tras haber alcanzado un retorno para España del orden de ese 7% que aportamos, nuestra obtención de recursos ha disminuido en proporción de forma significativa en el sexto programa marco actualmente vigente. Son noticias alarmantes que tienen causas complejas, pero demandan una atención importante por nuestra parte hacia el diseño de los programas y las convocatorias, así como una intensificación del estímulo a nuestros grupos de investigación, que ya se habían revelado como suficientemente competitivos.

 

Esto se hace más necesario con el horizonte actual, en el que se plantea con fuerza que el séptimo programa marco (2006-2009), actualmente en fase de diseño, preve duplicar la financiación.

 

Además se diseña también un Consejo Europeo de Investigación, que sería una agencia financiadora de investigación básica con una dotación de 3.000 millones de euros anuales, aparte de los destinados al programa marco.

 

Estamos por tanto ante un conjunto de desafíos fundamentales para el sistema de I+D español. Para afrontarlos será decisiva tanto la voluntad política como el conocimiento del sistema por parte de los responsables de la gestión pública, en ciencia y cuestiones relacionadas. La experiencia indica claramente que los seis primeros meses pueden ser decisivos en la configuración de estrategias para toda la legislatura.

El avance en investigación tiene que armonizar la producción de conocimiento con su proyección en el sistema.

Autor: Cesar Nombela (Catedratico de la Universidad Complutense)


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